Continúa la espera por matrimonio igualitario en Costa Rica

Un breve recorrido a través de la lucha por la protección jurídica de las parejas del mismo sexo.

Los últimos años han sido determinantes en la lucha por los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias. Mucho se ha avanzado desde los tiempos del acoso policial en bares, pero se mantiene intacto el hecho de que el matrimonio igualitario no es una realidad aún. ¿En qué punto se encuentra el reconocimiento y garantía de este derecho? Para entenderlo es necesario hacer un breve recorrido histórico desde que se posicionó públicamente la figura jurídica de matrimonio igualitario hasta la resolución dictada por la Sala Constitucional en agosto del 2018.

a) Matrimonio igualitario llega a la discusión pública

En diciembre del 2015 el Frente por los Derechos Igualitarios presenta públicamente una iniciativa legislativa para reconocer el derecho a matrimonio a las parejas del mismo sexo y proteger los derechos surgidos de dicha relación de pareja. Al proyecto se le asignó el número de expediente 19.852 al ser acogido por 13 diputaciones de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y Liberación Nacional. La presentación del proyecto tiene un impacto enorme: La discusión pública pasa de sociedades de convivencia a matrimonio igualitario.

b) Una histórica estrategia en Casa Presidencial

En mayo del 2016 Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, anuncia que Costa Rica hará uso del procedimiento de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este caso, Costa Rica consultó sobre la protección que brinda la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo de pareja entre personas del mismo sexo.

c) #LaCorteDijoSí

 El 6 de enero del 2018 la Corte IDH comunicó al Estado costarricense la Opinión Consultiva OC-24/17 mediante la cual se reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a acceder a las mismas figuras jurídicas de protección que existen para las parejas de distinto sexo. La notificación cayó como una bomba y catapultó a defensores y retractores de los derechos humanos en una polarizada campaña presidencial. ¿El resultado? #LoveWins.

d) Pero ¿y la Sala Constitucional?

Durante años estuvieron engavetadas en la Sala Constitucional varias acciones de inconstitucionalidad contra el Código de Familia como norma que establecía la prohibición de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cada nueva acción se fue acumulando en un mismo expediente que continuó engavetado hasta que la Sala Constitucional hizo el anuncio histórico de que resolvería el asunto en el mes de agosto.

e) Nace un nuevo movimiento social y político

Las posiciones a favor y en contra del reconocimiento de derechos humanos no se hicieron esperar y surgió el Movimiento Nacional por Matrimonio Igualitario agrupando a múltiples organizaciones sociales y políticas. Es notable la publicación de una declaración a favor del matrimonio igualitario, difundida por el Comisionado Presidencial para Asuntos LGBTI y firmada por 182 personalidades políticas para enviar un mensaje a la Sala Constitucional para que reconozcan los vínculos entre parejas del mismo sexo. Este mensaje fue acuerpado por los expresidentes Óscar Arias, Abel Pacheco, Luis Guillermo Solís y la expresidenta Laura Chinchilla. Nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.

f) Hacer historia de forma agridulce

El 8 de agosto del 2018, con activistas en vigilia fuera del edificio, la Sala Constitucional resolvió las acciones pendientes sobre derechos de parejas del mismo sexo. En la sesión más extensa de la historia de la institución, magistrados y magistradas decidieron que la norma que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo es inconstitucional. Sin embargo, otorgó a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para realizar las reformas jurídicas necesarias para eliminar esa prohibición. En caso de que nada pase en el plano legislativo, como ha sido la tónica por años, entonces la inconstitucionalidad entra a regir automáticamente. La decisión de la Sala Constitucional es histórica porque reconoce derechos humanos, pero es también un trago agridulce porque dilata la violación de esos derechos durante 18 meses más.

g) La espera continúa. Los 18 meses se contabilizan a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Judicial. A 3 meses cumplidos, esto aún no pasa.

Por otro lado, otras instituciones, como el Tribunal Supremo de Elecciones podrían seguir el criterio de que los 18 meses comienzan a contabilizarse a partir del 8 de agosto del 2018. También existe el peligro de que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto diferente al de matrimonio igualitario, lo que potencialmente haría volver el tema a la Sala Constitucional quién determinaría si lo aprobado cumple o no con lo resuelto por esa instancia.

¿Qué podemos hacer?

Presionar. La Sala Constitucional debe entender que no publicar la resolución violenta el acceso a la justicia pronta y cumplida pero además extiende la discriminación. La Asamblea Legislativa debe entender que el único proyecto que garantiza la igualdad de derechos es el de matrimonio igualitario. El Poder Ejecutivo debe tener claro que el proyecto 19.825 es el único que deben apoyar. Costa Rica debe entender que los derechos humanos no pueden continuar en espera. No es el momento de guardar silencio porque la lucha no termina hasta que el matrimonio igualitario sea una realidad. Aún después de lograr eso, continuará la lucha para que ninguna persona sufra discriminación o violación de ningún tipo.

Referencias bibliográficas.
Artavia, P. & Chinchilla, H. (2018). Guía sobre la Opinión Consultiva OC-24/2017 de la Corte IDH: Sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo y sus implicaciones jurídicas. Asociación Ciudadana ACCEDER-Frente por los Derechos Igualitarios. San José, Costa Rica.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la Corte Interamericana. Preguntas frecuentes / Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, Costa Rica.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A N° 14. San José, Costa Rica.
Steiner, C. & Uribe, P. (2014). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Bogotá, Colombia.