El derecho a ser, en un país donde las terapias de reconversión aún existen

Tras avances importantes en reconocimiento de derechos humanos, falta mucho camino aún por recorrer.

Para la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex el 2018 fue un año de lucha política. Se dieron importantes avances que mencioné en un artículo anterior.  Sin embargo, la lucha por los derechos humanos es constante y siempre hay nuevas cuestiones en las cuales avanzar.

A pesar de que se haya logrado el reconocimiento del matrimonio igualitario, que no será de acceso hasta el 26 de mayo de 2022, hay muchos temas por los cuales seguir luchando. Por ejemplo, aún hoy las personas pueden ser víctimas de terapias que intentan corregir la orientación sexual o la identidad y expresión de género.

Terapias de reconversión. Consisten en una serie de métodos, claramente no sustentados científicamente, que tienen el fin de cambiar la orientación sexual de personas gays, lesbianas y bisexuales, eliminando o disminuyendo nuestros deseos y comportamientos para convertirnos en personas heterosexuales, las terapias también son aplicables cuando se trata de suprimir la identidad y expresión de género. Se trata entonces de un trato inhumano y degradante, que cae en la tortura y es sustentando en el odio y la discriminación hacia las orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades de género diversas.

Hay tres argumentos relevantes en contra de estas terapias de reconversión sexual:

  1. Carecen de fundamento científico. Este tipo de prácticas se sustentan en creencias que profesionales de la salud han desechado por completo. Por ejemplo, en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, dejando sin sustento la práctica de curar o corregir la orientación sexual de una persona.
  2. Implican graves riesgos a la salud. Como bien ha señalado la Asociación Estadounidense de Psicología, este tipo de prácticas pueden resultan en daños sustanciales a la salud mental y dolor psicológico a las personas que son víctimas de estas prácticas. Los riesgos potenciales de las terapias de reorientación sexual incluyen depresión, ansiedad y conductas autodestructivas. No existe ningún fundamento científico ni ético para llevarlas a cabo.
  3. Constituyen una práctica discriminatoria. El principio de igualdad y no discriminación, contenido en numerosos instrumentos internacionales, exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual. Es decir, la universalidad de los derechos humanos incluye la categoría de orientación sexual, sin discriminación alguna, además de la identidad y expresión de género. Además, los principios de igualdad y no discriminación son atributos inherentes a la dignidad de la persona humana.

Es importante hacer notar, que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de la orientación sexual. Esta claridad en la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, está contenida explícitamente en la sentencia del Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Existe legislación nacional? Actualmente existe en la corriente legislativa el proyecto de ley expediente número 20.970, que actualizaría la Ley General de Salud para adaptarla a los múltiples instrumentos internacionales que condenan la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Como se señala anteriormente, las terapias de reconversión carecen de fundamento científico, implican graves riesgos a la salud y constituyen una práctica discriminatoria.

El proyecto prohibiría estás prácticas cualquier propaganda o publicidad engañosa sobre este tipo de terapias y establece una contravención penada de sesenta a cien días multa. Textualmente, el proyecto de ley adiciona a la Ley General de Salud un artículo que establece:

“Queda prohibido amenazar, coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, así como a someterse a tratamientos aversivos de cualquier índole que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual y que representen una amenaza para su salud, bienestar y libertad individual. De lo anterior se exceptúa todo tratamiento y servicio de salud de tipo afirmativo del género y sexualidad sustentado en criterios científicos según estándares internacionales, que obedezcan a la propia decisión de la persona y tengan por finalidad asegurar su propio derecho a la salud y a la identidad”. Asegurar una vida digna a toda persona, libre de violencia y discriminación, es una tarea ardua y constante. El citado proyecto 20.970 debe ser apoyado por las personas LGBTI y aprobado en la Asamblea Legislativa para continuar avanzando en el cumplimiento de derechos humanos de nuestras poblaciones.  

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